PELIGRO: GENOCIDA CON BENEFICIO

Hermes Rodríguez, condenado a 22 años de prisión en el histórico primer juicio por la represión en Córdoba, podría dejar la cárcel de Bouwer en las próximas horas para gozar del beneficio del arresto domiciliario.

Ocurre que un fallo de la Cámara Nacional de Casación de fines de la semana pasada accedió a uno de los planteos de la defensa y le transmitió la medida al Tribunal Oral Federal Nº1, que condenó a Luciano Benjamín Menéndez, Rodríguez y otros seis represores el 24 de junio pasado. El Tribunal está analizando cuál es la situación de Rodríguez en las otras causas en la que está procesado, pero en principio podría continuar cumpliendo su condena en su casa. En las otras causas, Rodríguez ya tenía concedido el beneficio y al juicio por el secuestro, tortura y homicidio sufrido por Carlos Lajas, Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis y Raúl Cardozo (en 1977) llegó en esa condición hasta días antes de iniciado el proceso.

¿Otros arrestos domiciliarios? Tras la sentencia, los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva habían planteado que hasta que la condena no quede firme la decisión de enviar los represores a la cárcel tenía que quedar en suspenso. Por eso, ahora Casación analizará por separado la situación de los otros condenados, y si tiene en cuenta el mismo criterio, todos los condenados podrían acceder al mismo beneficio, situación que preocupa a los organismos derechos humanos que ya se pusieron en alerta con el fallo de la semana pasada.

Después de Menéndez, Rodríguez, ex subjefe del Destacamento de Inteligencia que organizó la represión en Córdoba, es el de máxima jerarquía entre los represores que se sentaron en el banquillo. Hasta ahora, los ocho condenados están detenidos en el penal de máxima seguridad de Bouwer. Menéndez, Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Orestes Padován y Ricardo Lardone fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Rodríguez recibió 22 años de cárcel, al igual que Jorge Acosta, mientras que Carlos Vega fue sentenciado a 18 años.

Justicia en San Luis: Prision Perpetua y Carcel Común

El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a prisión perpetua con inhabilitación absoluta y en cárcel común a los represores Miguel Angel Fernández Gez, Carlos Esteban Plá, Victor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco.

Los represores fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledezma y Sandro Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.

El Tribunal presidido por Raúl Rodríguez e integrado por los vocales Roberto Nacif y Roberto Burad decidió que los ex militares condenados, Fernández Gez y Plá, cumplan su condena en el complejo federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.En tanto, Fernández Gez continuará con la prisión domiciliaria que viene cumpliendo hasta que quede firme esta sentencia.Los tres ex policías, Pérez, Orozco y Becerra deberán cumplir la condena en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial en San Luis, con la excepción transitoria de Becerra que está con prisión domiciliaria y se deberá aguardar la ratificación de la sentencia.

Fernández Gez, Plá y Becerra fueron condenados acusados de privación ilegítima de la libertad agravada; tormentos agravados; homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación por 3 hechos en concurso real en perjuicio de Fiochetti, Ledezma y Alcaráz calificados como delitos de lesa humanidad.

Pérez fue acusado de privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de tormentos agravados; homicidio doblemente agravado con alevosía y premeditación en concurso real en perjuicio de Graciela Fiochetti.Fiochetti fue detenida en su casa de La Toma el 21 de septiembre de 1976, cuando tenía 22 años y al día siguiente, el subjefe de la Policía, Esteban Plá informó que la joven había sido dejada en libertad, pero nunca más fue vista con vida y su cadáver fue encontrado en Las Salinas del Bebedero.Aunque su familia reconoció el cuerpo, la Policía no lo entregó aduciendo que no era de Fiochetti, recién en 1985, la Justicia Federal comprobó que un cadáver sepultado como NN en el Cementerio del Rosario, de San Luis era el de Graciela, y al año siguiente, 10 años después de su secuestro y asesinato, la Cámara Federal de Mendoza entregó su cuerpo a los familiares.En tanto, Santana Alcaráz fue detenido en la Universidad el 22 de septiembre de 1976 por dos personas de civil que mostraron credenciales policiales y desde ese día su familia no tuvo más noticias.Ledesma, en tanto, fue secuestrado por personal militar en la vía pública el 22 de septiembre de 1976, y posteriormente fue liberado por el Capitán Plá en presencia de su padre, Valentín Ledesma.Los dos salieron caminando de la Comisaría 2da. y a 300 metros fueron interceptados por cuatro individuos que se desplazaban en un Falcon rojo, quienes se volvieron a llevar a Pedro a la fuerza.Su padre reconoció entre los captores a Esteban Plá, que recién le daba la libertad a su hijo, al comisario David Becerra y a un agente que reconoció con el apellido de Suárez, y desde entonces su familia no volvió a verlo.

Orozco fue sentenciado como co-autor plenamente responsable de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio doblemente agravado por alevosía todo en concurso real en perjuicio de Graciela Fiochetti, delitos calificado como de lesa humanidad.

El Tribunal también accedió al pedido de la querella ejercida por el doctor Enrique Ponce en representación de las familias de las víctimas y de la APDH para que se abra compulsa a fin de determinar si otras 46 personas, entre ellos un ex juez federal y un camarista federal mendocino, cometieron delitos con su accionar durante el período ventilado en esta causa.Se decidió que se incorpore en las investigaciones a cargo de la fiscalía al ex comandante del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis, general Luciano Benjamín Menéndez.También, que se investigue al ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti.Varios testigos que estuvieron detenidos durante la dictadura, señalaron que habían denunciado ante el entonces juez Eduardo Allende y el secretario Pereyra González que habían sufrido torturas y no abrieron una causa por ese delito.Pero también está su firma estampada en algunos documentos oficiales que indicarían su mal desempeño u omisiones para su cargo.Asimismo se investigará a quienes formaron parte de las planas mayores del Comando de Artillería 141, y del Grupo de Artillería 141, como así también su jefe, los coroneles retirados Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Carlos Alemán Urquiza, Carlos Osarán y Guillermo Daract entre otros militares de alto rango.Como así también a todos los policías mencionados en este juicio y también a quien fuera obispo de la diócesis de San Luis, monseñor Juan Rodolfo Laise, quien se encuentra en el exterior.